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El pasado mes de octubre Ernst&Young publicó el índice que sitúa a España como el quinto país del mundo más atractivo para invertir en energías renovables detrás de Estados Unidos, Alemania, India y China, y mientras todo el mundo andaba entretenido con nuestra incorporación al G-20, resulta que España ya formaba parte del G-5 de las renovables.  Javier García Breva

En el mismo informe se mencionaba la incertidumbre regulatoria en la energía solar como un riesgo que nos hará perder puntos. En las mismas fechas, otro informe de la banca suiza incidía en la debilidad de las eléctricas españolas por el riesgo regulatorio y su alto apalancamiento que podría perjudicar en mayor medida a las que tuvieran un mayor peso en renovables.

¿Y qué es el riesgo regulatorio? En un sector intervenido como es el de las renovables es el riesgo de que la administración de turno cambie e interprete la norma cuando y como quiera. Por ejemplo, la energía solar en un año ha tenido un primer decreto, dos correcciones de errores, un primer borrador de nuevo decreto, un segundo borrador, un segundo decreto, una corrección de errores y el anuncio de modificación al segundo decreto, más las diecisiete normas autonómicas. Ante este vericueto sólo se puede concluir que hacer renovables en España es una aventura. ¿Y quién financia aventuras?

Pero el riesgo regulatorio se extiende a todo el sistema energético a través de una política sustentada en la tarifa eléctrica y en el artificio contable del déficit tarifario, una auténtica bola de nieve que, desde 2003, nadie ha querido parar.

El déficit de tarifa se produce por dos hechos paralelos, mientras el precio del crudo pasa de 20 a 147 dólares de 2003 a 2008, el recibo de la luz se rebaja un 26% de 2000 a 2004 y sólo crece al nivel del IPC desde entonces. Culpar a las renovables del déficit tarifario es falso y si el recibo de la luz reflejase los costes reales las renovables serían competitivas. Pero es más, los costes más importantes del sistema no son las primas de las renovables. Según el CENER en el año 2007 las renovables sólo representaron el 11,7% de los sobrecostes de la tarifa, 1.700 millones de un total de 14.510, de los que la fotovoltaica representa el 2% y la eólica el 5,7%. Las importaciones de petróleo suponen cerca de 50.000 millones de euros al año y el CO2 2.500 millones anuales hasta 2012 y más de 40.000 hasta el 2020. En los Presupuestos Generales del Estado se dedica diez veces más dinero al carbón que a las renovables. Pedir ahora, como ha hecho UNESA y algún alto cargo de la Administración que las primas de las renovables vayan a los presupuestos, a parte de que es imposible, es un mensaje perverso a los mercados y a la sociedad para no consumir renovables. Sin embargo, la fiscalidad energética sigue siendo tabú cuando podría ser la mejor solución.

El éxito de las renovables en España sólo se explica porque hasta ahora han formado parte más de la economía productiva que de la economía especulativa y por el éxito del sistema de primas, públicamente reconocido por la CNE y la Unión Europea. La entrada de la especulación ha sido posible por la mala regulación, por eso la bajada de las primas es un acierto para ajustar los costes en toda la cadena de los proyectos y  profesionalizar la gestión, pero los cupos van a ahuyentar la inversión.

El reto de las renovables es que maduren en la economía productiva y para ello necesitan una regulación que de estabilidad y seguridad a las empresas más pronto que tarde, ya que el mundo avanza rápidamente hacia el desarrollo de energías bajas en carbono. Las renovables van a ser el próximo boom económico mundial y el país que más progrese liderará el mundo.

Causa perplejidad que mientras un personaje como George Soros recomienda al próximo Gobierno americano ahorrar energía y desarrollar renovables como futuras claves de la economía mundial, aquí todavía pensamos que son caras. Poner a España en el mundo supone sustituir este pensamiento mediocre por el orgullo de pertener al G-5 de las renovables.